El 17 de octubre se dio conocimiento a la comunidad en general sobre una presunta red de corrupción que involucraría a policías y funcionarios judiciales, en beneficio de peligrosos narcotraficantes. De esta investigación, 10 funcionarios en servicio activo de la policía civil resultaron detenidos por sus mismos compañeros de labores; 4 carabineros en retiro se vieron en la misma situación y pronto se vería involucrado también el Poder Judicial.
La investigación se llevaba a cabo desde abril del año pasado. Todo se habría dado a causa de una vulnerabilidad en los datos de la policía, lo que hizo que los funcionarios proporcionaran información confidencial y a la vez, pudieran rectificarla a su criterio, lo que habrían aprovechado para lucrar con la modificación de condenas y procesos de arraigo de delincuentes relacionados con el narcotráfico.
Sin embargo y a pesar de que los detectives involucrados fueron trasladados al Centro de Justicia, éstos simplemente se encuentran suspendidos de sus servicios. En palabras del Prefecto jefe de la Zona Metropolitana , Oscar Gutiérrez, ésta situación se dio “en razón a que se dispuso oportunamente la aplicación de un sumario administrativo”.
Lo acontecido genera una fuerte discusión respecto a variados temas que se desprenden a partir de este caso: la seguridad en los datos que manejan las policías, la confidencialidad que éstos deben tener, la corrupción presente en nuestro país unida a la desconfianza en las instituciones públicas y por último, la penalización paupérrima que existe al respecto.
El manejo de información confidencial es un tema delicado. Cuando nos encontramos inmersos en una sociedad que prácticamente piensa que el rumor debería ser legalizado, se complica el hecho de mantener en reserva ciertos puntos. Pero si bien todo esto se entiende en un contexto cotidiano, no puede comprenderse en ámbitos policiales, en donde este secreto es fundamental para la resolución de casos policiales.
El derecho que tenemos en nuestra calidad de seres humanos de justicia, se ve vulnerado al beneficiar a delincuentes otorgándoles su libertad. En este sentido la confianza en las instituciones se pierde y se une al descontento por situaciones como la llamada puerta giratoria de la justicia en nuestro país, en donde los antisociales son apresados por tiempos irrisorios, recibiendo condenas que no cumplen la labor de reinsertarlos en la sociedad.
Y es que además de los funcionarios de investigaciones, se encuentran bajo investigación funcionarios en retiro de carabineros y del Poder Judicial. La red de protección delincuencial funcionaba tan bien que incluía pagos de entre 300 mil y 4 millones de pesos sólo por conseguir los datos o alterar los documentos judiciales, tareas que eran sencillas para estos funcionarios teniendo en cuenta la accesibilidad que tenían sobre estos instrumentos oficiales.
En China, la pena de muerte es algo legal –sin entrar en la discusión de que sea bueno o malo y de que los derechos humanos en ese país no tienen ninguna validez- no cabe la menor duda de que ante un caso así, los involucrados recibirían esa condena por traición a la patria, se genera el contraste en Chile, donde por concepto de corrupción existen penas muy menores y que pueden ser otorgadas con múltiples beneficios. Se necesita trancar la puerta giratoria a través de medidas ejemplificadotas.
Si Chile se jacta de no ser un país corrupto la prevención, detección y castigo de casos en que se vulnere esta consigna deben ser clarificadores para que no se repitan casos similares y nuestra imagen de país –concepto que tanto nos gusta acuñar- sea la mejor para el resto de la región.
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario